Directorio democratico cubano -est. 1990- The cuban democratic directorate

Con lágrimas en los ojos Mickael Behn, quien dijo que su abuelo era el dueño de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, hasta que se la confiscaron en 1960, anunció a la prensa el inicio de las primeras acciones legales en cortes estadounidenses.

AGENCIA EFE  / 02.05.2019 - 01:29 PM

Dos estadounidenses de origen cubano presentaron hoy en Miamisendas demandas contra la empresa de cruceros Carnival y abrieron así la puerta a más procesos legales contra personas y multinacionales en busca de indemnizaciones por el uso de bienes confiscados en Cuba tras la revolución de 1959.

Con lágrimas en los ojos Mickael Behn, quien dijo que su abuelo era el dueño de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, hasta que se la confiscaron en 1960, anunció a la prensa el inicio de las primeras acciones legales en cortes estadounidenses.

"Ellos (el régimen cubano) sólo espera que mi familia muera o se vaya desvaneciendo, pero no lo haremos y no lo hicimos", manifestó a las afueras de una corte federal del Distrito Sur de Florida.

En el mismo sentido se expresó el neurocirujano Javier García Bengoechea, quien señaló que es el "legítimo" propietario del puerto de Santiago de Cuba, que le fue expropiado a su familia por el gobierno "comunista en 1960".

Explicó que comenzó hace una década esta pelea por el uso de instalaciones portuarias en Cuba confiscadas a su familia, en medio de las críticas de que iba a perder "tiempo y dinero".

"Miguel (Behn) y yo hemos perseverado", agregó.

" Carnival fue la primera línea de cruceros que traficó en nuestras propiedades, ellos entonces merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados", aseguró el médico.

Ambos demandantes criticaron que Carnival ha estado "explotando" sus propiedades por años "para obtener ganancias".

Portavoces de multinacional Carnival contactados por Efe se limitaron a señalar: "continuamos operando nuestro calendario previsto de cruceros a Cuba".

Por su parte, Roberto Martínez, uno de los abogados que los representan, explicó que "después de la medianoche" presentaron las dos demandas, las primeras sobre el tema, gracias a la activación a partir de este jueves por parte del Gobierno de Donald Trump del Título III de la ley Helms-Burton, de 1996.

"Hoy, 2 de mayo de 2019, es un día histórico, porque esa suspensión ha sido levantada y finalmente nuestros clientes y otros en su misma situación vamos a tener oportunidad de buscar justicia, que ha sido negada para ellos en mucho tiempo", dijo otro de los abogados.

Precisamente este día se cumplen tres años de la llegada del primer crucero estadounidense al puerto de La Habana en más de medio siglo. El "Adonia", de la empresa Fathom, filial de Carnival, arribó a la terminal "Sierra Maestra" del puerto habanero el 2 de mayo del 2016 con 704 pasajeros a bordo.

"Cualquier persona o cualquier empresa que hayan usado esas propiedades tienen riesgo de asumir responsabilidad civil", añadió.

Martínez detalló a Efe que sus clientes, quien fueron "robados" por Carnival, tienen derecho a "un monto de compensación" y aunque no detalló de cuánto, señaló que "podría ser sumamente alto".

"Ellos sabían bien de quién era la propiedad", indicó Behn.

"Gracias a la comunidad del exilio y a la Ley Libertad (como se llama también la Helms-Burton) nosotros podemos por fin tener justicia después de sesenta años", manifestó Behn.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estadis Unidos-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5,913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de US$ 1,900 millones, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

Pero además hay otros muchos más reclamos "no certificados" que podrían demandar.

Los reclamos involucran compañías canadienses, japonesas chinas, rusas y españolas, como Meliá e Iberostar, que operan generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas.

Según Orlando Gutiérrez, director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, además de los citados puertos, otras propiedades confiscadas que pueden ser objeto de demanda en EE.UU. son el aeropuerto José Martí, diversas áreas costeras, la Destilería Santa Cruz del Norte y la zona especial de desarrollo del Mariel.

Por su parte, García Bengoechea enfatizó que el Título III refleja "fielmente la ley internacional".

"Esto es una expresión de que los cubanos tienen y los norteamericanos tienen el derecho de ir a una corte ante un régimen que ha robado vidas y ha robado propiedades", indicó Gutiérrez.

El activista explicó a Efe que se trata de procesos legales multimillonarios y que vienen "otras demandas en otras cortes".

Para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los US$ 50,000, según el Título III de la ley Helms-Burton.

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El demandante Mickael Behn (2d), cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero, habla junto al otro demandante Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba EFE

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POR GISELA SALOMON Y MICHAEL WEISSENSTEIN ASSOCIATED PRESS

MIAMI

En 1958 el padre de José Ramón López era el propietario del principal aeropuerto de Cuba, la aerolínea nacional y tres pequeños hoteles. La familia de Conchita Beltrán tenía unas 874 hectáreas de campos de tabaco. Y los familiares de Mickael Benh y Javier García Bengochea tenían muelles en La Habana y Santiago de Cuba.

Todas esas propiedades fueron expropiadas tras la revolución socialista.

Las familias se mudaron a Estados Unidos y perdieron la esperanza de ser compensadas por las propiedades que les quitaron mientras Washington y La Habana cortaron relaciones y se enfrentaron durante décadas de Guerra Fría.

Sin embargo, el jueves, Behn y García Bengochea presentaron lo que se cree son las primeras demandas contra empresas europeas y estadounidenses que hacen negocios en propiedades que fueron confiscadas en Cuba, después de que el gobierno del presidente Donald Trump activara una disposición del embargo a Cuba.

Conocida como Título III de la ley Helms Burton de 1996, esta sección permite que estadounidenses y cubanos que se naturalizaron estadounidenses denuncien a cualquier empresa que “trafique” en propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

Desde su aprobación, todos los presidentes estadounidenses habían suspendido el Título III por objeciones de los aliados de Washington con negocios en Cuba y sus posibles efectos en futuras negociaciones de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.

La ley contiene excepciones para propiedades residenciales, propiedades valoradas en menos de 50.000 dólares y propiedades relacionadas con viajes a Cuba considerados legales bajo la normativa estadounidense. Su activación, sin embargo, podría generar decenas e incluso cientos de demandas además de batallas comerciales entre Washington y países como España, Francia y Gran Bretaña.

Behn y García Bengochea, que presentaron sus demandas en una corte federal de Miami, son los herederos de familias propietarias de puertos a donde ahora llegan cruceros que comenzaron a viajar a Cuba en 2016, bajo la flexibilización de la política hacia Cuba alentada por el entonces presidente Barack Obama.

El abuelo de Behn, el estadounidense William C. Behn, era presidente de la compañía Havana Docks, que tenía tres muelles en la capital que fueron confiscados en 1960. Mickael Behn, un ejecutivo de la industria televisiva que vive entre Londres y Miami, dijo que está demandando a la corporación Carnival Cruise por un valor equivalente al triple de lo que sería el valor actual de la propiedad, tal como lo permite la ley.

García Bengochea, un neurocirujano que vive en el noreste de la Florida, tiene el 80% de las acciones de la empresa cubana confiscada La Marítima, que operaba el puerto de Santiago de Cuba. Su demanda es por unos 20 millones de dólares.

“Queremos justicia”, dijo a la AP Bob Martínez, uno de los dos abogados que representa a Behn y García Bengochea. “Fue un robo y lo que estamos tratando de recuperar es que se les pague porque han usado las propiedades de manera ilegal”, expresó.

No obstante, para George Fowler, un abogado que ha asesorado a Carnival en asuntos de Cuba, la ley ofrece excepciones para empresas que viajan legalmente a la isla, como las compañías de cruceros. Por esa razón, explicó, la ley Helms-Burton no se aplica a ellos.

“No creo que las demandas vayan a llegar lejos”, expresó Fowler, que también es vicepresidente de la Fundación Cubano-Americana, una organización del exilio cubano. “Solo se trata de dinero”, dijo tras explicar que Carnival acuerda con su posición.

Durante el gobierno de Obama, las compañías de cruceros recibieron licencias del Departamento del Tesoro para poder llevar pasajeros estadounidenses a Cuba.

Otras empresas que podrían ser demandadas incluyen también a cadenas hoteleras españolas como Meliá e Iberostar, la firma francesa Pernod Ricard y líneas de crucero estadounidenses que atracan en puertos confiscados a ciudadanos estadounidenses.

Abogados y posibles demandantes señalaron que al principio sólo se verían un puñado de denuncias debido al alto costo y a las complejidades de un proceso judicial basado en una ley que acaba de entrar en vigencia y abarca asuntos de comercio internacional y soberanía.

Uno de los primeros obstáculos que enfrentan algunos de los interesados es el precio de interponer una demanda en los tribunales: más de 6.500 dólares, una cifra muy superior al promedio de 400 de otras acciones judiciales. Además, tienen que pagar abogados, identificar a las empresas que están lucrando con las propiedades y estar seguros de que tengan negocios en Estados Unidos y conseguir el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran los dueños, entre otras cosas.

La activación del Título III ya provocó protestas de la Unión Europea, Canadá y Cuba y generó temores de que los ya deprimidos niveles de inversión extranjera puedan verse mutilados de manera permanente.

En una marcha organizada por el gobierno cubano el miércoles en La Habana, en el Día del Trabajo, los manifestantes llevaban carteles y gritaban cánticos denunciando la ley Helms Burton.

La ley "constituía un esfuerzo para atar las manos de cualquier presidente que intentara mejorar las relaciones con Cuba", dijo Carlos Fernández de Cossío, director general cubano de asuntos estadounidenses.

"Sin duda habrá un efecto de amenaza que inhibirá a algunos de los inversionistas de ir a Cuba. No podemos ignorar que eso sucederá", dijo a The Associated Press en Washington. "Tal vez afectará los niveles de vida, las condiciones de vida, del común de los cubanos... Tal vez dañará la relación de Estados Unidos con Cuba más de lo que está hoy".

La Unión Europea dijo que podría presentar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio o sancionar a las entidades estadounidenses que recurran a la ley Helms-Burton.

"La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es una violación del derecho internacional y tomará las medidas apropiadas", dijo el bloque europeo en un comunicado.

Otros, sin embargo, celebraron las primeras demandas.

Orlando Gutiérrez Boronat, de la organización Directorio Democrático Cubano, dijo que las demandas tenían un claro mensaje.

"Todo el que quiere invertir en Cuba va a tener que ir a una Corte Federal”, expresó al término de una rueda de prensa frente al tribunal donde se presentaron las demandas.

Beltrán dijo que su familia tenía unas 348 hectáreas (860 acres) de campos de caña de azúcar y 526 (1.300 acres) de tabaco en la provincia de Pinar del Río, en el oeste del país.

Aunque aún no puede demandar porque no ha podido determinar qué compañías extranjeras operan allí, está esperanzada.

“Si Dios quiere pienso ver la restitución o compensación antes de morirme”, expresó Beltrán, una contadora jubilada de 76 años que huyó a Miami en 1961. Su esposo murió hace 35 años soñando con algún tipo de compensación, explicó.

“Para mí es un acto de justicia que se está haciendo”, dijo refiriéndose a la nueva política estadounidense.

El departamento de Justicia de Estados Unidos ha certificado unos 6.000 reclamos como meritorios, con un valor calculado en unos 8.000 millones de dólares, pero además hay otras 200.000 peticiones sin certificar que ascenderían a decenas de miles de millones más, la mayoría de ellas de cubanos-estadounidenses.

Una de esas reclamaciones sin certificar es la de José Ramón López, cuya familia era propietaria del aeropuerto de La Habana, de la aerolínea Cubana de Aviación y de tres hoteles en la capital y en la ciudad de Cienfuegos, al sur de la isla, desde 1952. Además de demandar a las aerolíneas Aeroméxico, LATAM de Chile y Copa de Panamá, López dijo que está preparando documentos para hacer lo mismo con el gobierno cubano y Meliá, que opera el hotel en Cienfuegos.

“Al final del camino le van a reconocer lo que es de uno”, expresó López, un jubilado de 65 años que divide sus días entre Madrid y Miami. “Ahora ha llegado el momento”, dijo refiriéndose a la posibilidad de demandar en las próximas semanas.

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By: GISELA SALOMON and MICHAEL WEISSENSTEIN, Associated Press

Updated: May 2, 2019 - 2:44 PM

MIAMI (AP) - In 1958, José Ramón López's father owned Cuba's main airport, its national airline and three small hotels. Conchita Beltrán's family had about 2,160 acres (874 hectares) of sugar and tobacco fields. And the families of Mickael Behn and Javier García Bengochea had docks in Havana and Santiago de Cuba.

All properties were taken in Cuba's socialist revolution.

The dispossessed families later moved to the United States and abandoned hope of compensation as Cuba and the U.S. severed relations and fought during decades of the Cold War.

But on Thursday, Behn and Garcia Bengochea filed what were believed to be the first lawsuits against European and American companies doing business on confiscated properties in Cuba - thanks to the Trump administration's decision to activate a provision of the U.S. embargo on the island.

Known as Title III of the 1996 Helms-Burton Act, the section allows Americans, and Cubans who later became Americans, to sue almost any company deemed to be "trafficking" in property confiscated by Cuba's government. Every president since the law's passage has suspended Title III because of objections from U.S. allies doing business in Cuba and because of the potential effect on future negotiated settlements between the U.S. and Cuba.

The law contains exceptions for residential properties, properties worth less than $50,000 and properties linked to travel to Cuba deemed legal under U.S. law.

Its activation, however, could generate dozens or even hundreds of lawsuits, along with trade fights between the U.S. on one side and countries including Spain, France and Britain on the other.

Behn and Garcia Bengochea, who filed cases in federal court in Miami, are the heirs of families that owned ports which are now being used to dock cruise ships that began traveling to Cuba in 2016 under President Barack Obama's detente with the island.

Behn's grandfather, American William C. Behn, was president of the company Havana Docks, which owned three docks in the capital that were confiscated in 1960. Mickael Behn, a television executive who lives between Miami and London, says he is suing Carnival Cruise Corporation for up to three times the current value of the docks, as permitted under the law.

Bengochea, a neurosurgeon who lives in northeast Florida, owns 80 percent of the shares of the confiscated Cuban company La Marítima, which operated the port of Santiago de Cuba. He is suing for up to $20 million.

"We want to get justice," said Bob Martinez, the lawyer for both men. "This was a robbery and what we're trying to get is compensation for the illegal use of these properties."

But for George Fowler, an attorney who has advised Carnival on Cuban matters, the law provides an exception for companies that go to Cuba legally, like the cruise lines. For that reason, he said, the Helms-Burton law does not apply to them.

"I don't think the lawsuits are going to go very far," said Fowler, who also is vice-chairman of the Cuban-American National Foundation, a Cuban exile organization. "It is all about money," he said after explaining that Carnival agrees with him.

During the Obama administration, the cruise companies were issued licenses by the Treasury Department to carry American passengers to Cuba.

Other potential major targets include Spanish hotel chains Meliá and Iberostar, Pernod Ricard of France, and other U.S. cruise lines that dock at ports confiscated from U.S. residents."

Lawyers and potential plaintiffs say they expect only a trickle of lawsuits at first due to the expense and complexity of filing litigation under a law that is being put into effect for the first time and touches on issues of international trade and sovereignty.

Suing is also expensive, with initial filing fees of more than $6,500 a case, and there is the difficulty and expense of proving ownership with old Cuban documents.

For its part, Cuba fears it's already lagging levels of foreign investment could be permanently crippled as a result of the activation of the provision. At a Cuban government-organized May Day parade Wednesday in Havana, marchers carried signs and chanted slogans denouncing the Helms-Burton law.

The law "was an effort to tie the hands of any president to improve relations with Cuba," Carlos Fernández de Cossío, Cuba's director-general of U.S. affairs, told The Associated Press in Washington.

"No doubt that there will be a threatening effect that will inhibit some investors of going to Cuba. We cannot ignore that that will occur," he said. "It will perhaps have an impact on the living standards, the living conditions, of common Cubans ... It will damage perhaps the relationship of the United States and Cuba more than it is today."

On Thursday, the European Union also said it could file a World Trade Organization lawsuit or levy its own sanctions against U.S. entities that sue under Title III.

"The EU sees the extraterritorial application of unilateral restrictive measures as violating international law, and will take all appropriate measures," the EU said in a statement.

Others, however, celebrated the first lawsuits.

Orlando Gutiérrez Boronat, from the exile group Cuban Democratic Directorate, said that the lawsuits have a clear message.

"Everyone who wants to invest in Cuba will have to go to federal court," he said after a press conference in front of the downtown court where the suits were filed.

Beltrán said her family had 860 acres (348 hectares) of sugar fields and 1,300 acres (526 hectares) of tobacco in western Pinar del Rio province. She has no idea if she will be able to sue a foreign corporation doing business related to her properties, but she is optimistic.

"God willing, I want to see restitution or compensation before I die," said Beltrán, 76, who fled to Miami in 1961. She said her husband died 35 years ago dreaming of some form of compensation for their loss.

"For me, justice is being done," she said of the decision to activate the law.

The Justice Department has certified some 6,000 claims worth approximately $8 billion at current values. There are an additional 200,000 uncertified claims, many by Cuban-Americans, whose value could reach into the tens of billions of dollars.

One of the uncertified claims belongs to López, whose family had owned the airport, airline Cubana de Aviación and three hotels in Havana and the southern city of Cienfuegos since 1952. Along with the airlines Aeroméxico, LATAM of Chile and Copa of Panama, López said he is preparing documents to sue the Cuban government and Meliá, which runs the Cienfuegos hotel.

He said he isn't worried by the potential investment of time or money.

"At the end of the day they're going to recognize that it's ours," said López, a 65-year-old retiree who divides his time between Madrid and Miami. "The moment has finally come."

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Associated Press writer Gisela Salomon reported this story in Miami and AP writer Michael Weissenstein reported from Havana.

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Exilio pide a Trump asfixiar a Cuba con ley de demandas a bienes confiscados

“Siempre hemos dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece la oposición”, dijo el opositor Jorge Luis García “Antúnez”

MIAMI, Estados Unidos.- Líderes del exilio y de la oposición interna cubana pidieron este lunes en una carta pública al presidente de EE.UU., Donald Trump, implementar “plenamente” una ley que permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por la Revolución para “asfixiar” al Gobierno de Cuba.

Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos del exilio en Miami, señaló en una rueda de prensa que se trata de propiedades “robadas usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales para beneficiarse”.

El opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como “Antúnez”, instó a Trump a activar “cuanto antes” el Título III de la Ley Helms Burton de 1996, que permite a estadounidenses y cubano-estadounidenses despojados de bienes iniciar demandas en cortes de Estados Unidos.

“Antúnez” dijo a la agencia de noticias EFE que se trata de “asfixiar a la dictadura” y privarla “de los fondos que tanto necesita y tanto utiliza para reprimir a su propio pueblo”.

“Siempre hemos dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece la oposición”, manifestó “Antúnez”.

En la misiva dirigida a Trump, los opositores y exiliados piden “sanciones decisivas” como el Título III, que desde su creación no ha sido activado.

Le manifiestan que estas medidas “debilitarán la ocupación del régimen de Castro en Venezuela y acelerará el día de libertad para Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de nuestra región”.

Reunidos en un monumento en homenaje a los veteranos de la invasión a Bahía Cochinos (1961) en la Pequeña Habana, instaron también a la utilización del Título IV, que “le niega visas a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas”.

Hay unas 200.000 a 300.000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas como Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros.

Estados Unidos además ha “certificado” 5.913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola y Palmolive, que pueden también acogerse al Titulo III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.

El pasado 4 de marzo el Gobierno Trump abrió la puerta para demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que hacen parte de una “lista negra” por adueñarse de bienes confiscados.

La iniciativa, que activa parte del Título III, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros.

Se prevé que el Gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta, “sin precedentes”, de esta facultad, de treinta días, que anunció recientemente.

Esta medida ha sido suspendida consecutivamente cada seis meses por los Gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump durante sus primeros dos años de Administración.

EFE

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Servicios de Acento.com.do  | 12 de marzo de 2019 | 9:51 am

MIAMI.- Líderes de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense se reunieron el lunes para en esta ciudad para pedirle al Gobierno del presidente Donald Trump que ponga en “vigor completo” los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.

La activación plena de estos acápites ha sido postergada por todos los mandatarios estadounidenses desde su promulgación en 1996. Ello permitiría a las víctimas de confiscaciones ilegales de propiedades comerciales por parte del régimen castrista demandar a las empresas que hoy operan y obtienen dividendos con esos bienes.

Los representantes de las tres comunidades organizados por la Asamblea de la Resistencia Cubana enviaron una carta pública al presidente Donald Trump, en la que solicitan al regente de la Casa Blanca la aplicación de sanciones para apoyar de manera más eficaz las luchas por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En el texto, dicen que los Títulos III y IV de la Ley de Libertad Cubana son “un medio justo y necesario para responder a la confiscación ilegal por parte del régimen comunista en Cuba, de propiedades que son legítimamente de ciudadanos estadounidenses”.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU., anunció en días pasados que mantendrá suspendidos durante 30 días más esos acápites de la ley, una medida que si bien no es la que han deseado desde la promulgación de la ley aquellos que perdieron sus bienes inmuebles y comerciales en la isla, trae una “nueva esperanza” a los cubanos y cubanoamericanos que aspiran a recuperar sus activos en la nación caribeña.

El nuevo plazo fijado por EE.UU. para la activación de las dos secciones de la Ley de Libertad Cubana vence el próximo 17 de abril, un nuevo aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía Cochinos para derrocar la dictadura de Fidel Castro, en 1961.

Ese día “podría comenzar la implementación del Título III y IV”, dice la carta.

Una comisión del Departamento de Justicia de EEUU tiene “certificados” 5,913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola, Palmolive, que pueden acogerse al Título III de la Ley Helms-Burton, por un total de 1,900 millones de dólares.

La carta, respaldada por ciudadanos de varios países latinoamericanos, dice en un párrafo: “El régimen totalitario comunista no es solo una tragedia para los cubanos, sino también una influencia que socava nuestros valores democráticos en toda América Latina (…) Sanciones decisivas contra la economía de los tiranos comunistas ilegítimos de Cuba debilitarán la ocupación de Venezuela, por parte del régimen de Castro, y acelerarán el día de la liberación de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de nuestro hemisferio”.

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Piden activar ley para recuperar expropiaciones en Cuba

Activar Ley Helms Burton permitiría demandar en tribunales de EEUU a empresas extranjeras.
Por TELEMUNDO 51
Publicado lunes 11 de marzo de 2019

Grupos del exilio cubano en Miami pedirán al presidente Donald Trump activar la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que usufructúan propiedades confiscadas tras la revolución.

En el mensaje público se pedira implementar el título III y utilizar con mayor frecuencia el título IV de la Ley Helms Burton, que "les niega visados a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".

El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, manifestó que por ahora las medidas emprendidas en ese sentido por Estados Unidos son meramente "simbólicas" y de presión.

Indicó que la clave es implementar plenamente las demandas contra compañías extranjeras con presencia económica en Estados Unidos por traficar con bienes confiscados en Cuba. "Eso sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad", agregó.

Orlando Gutiérrez-Boronat, directivo de la Asamblea de la Resistencia, una coalición de grupos del exilio, señaló que las medidas de Trump son "un paso en la dirección correcta", pero que "falta mucho por hacer".

El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado abrió la puerta a ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos a demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que forman parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.

La iniciativa, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros. Para Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), se trata de una medida "hasta cierto punto impracticable", porque la mayoría de las compañías cubanas "no tienen activos en Estados Unidos para cobrar la demanda".

En ese sentido, el exilio coincide que EEUU debe activar por completo el título III de la Ley Helms Burton, que desde su creación en 1996 ha sido suspendido consecutivamente cada seis meses por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.

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CENTRO TAMPA

Ivonne Malaver

Publicado en: March 11, 2019

Actualizado en: March 11, 2019 at 08:49 AM

(EFEUSA) - Grupos del exilio cubano en Miami urgen al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a activar por "completo" la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a "empresas extranjeras", y no solo a las cubanas, que usufructúan propiedades confiscadas tras la Revolución.

El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, en el sur de Florida, manifestó a Efe que por ahora son meramente "simbólicas" y de presión las medidas emprendidas en ese sentido por Estados Unidos.

Indicó que la clave es implementar "plenamente" las demandas contra compañías extranjeras "con presencia económica" en Estados Unidos por "traficar" con bienes confiscados en Cuba.

"Eso sí va a desalentar la inversión extranjera en Cuba, porque pueden ser demandadas por la familia que era dueña de alguna propiedad", agregó.

Él, como cientos de miles de cubano-estadounidenses, no pierde la esperanza de lograr en principio una indemnización por "daños y perjuicios" por los bienes expropiados en la isla a su familia a partir de 1960, entre ellas, "dos centrales azucareras, quince fincas ganaderas, un banco y varias colonias de caña".

Orlando Gutiérrez-Boronat, directivo de la Asamblea de la Resistencia, una coalición de grupos del exilio, señaló a Efe que las medidas de Trump son "un paso en la dirección correcta", pero que "falta mucho por hacer".

El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado abrió la puerta a ciudadanos estadounidenses y cubano-estadounidenses a demandar a partir del próximo 19 de marzo a 200 entidades gubernamentales cubanas, que forman parte de una "lista negra" por adueñarse de bienes confiscados.

La iniciativa, sin embargo, no afecta legalmente a sus socios extranjeros.

Para Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), se trata de una medida "hasta cierto punto impracticable", porque la mayoría de las compañías cubanas "no tienen activos en Estados Unidos para cobrar la demanda".

En ese sentido, el exilio coincide que Estados Unidos debe activar por completo el Título III de la Ley Helms Burton (Ley Libertad), que desde su creación en 1996 ha sido suspendido consecutivamente cada seis meses por los gobiernos de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama.

Trump hizo lo mismo en sus primeros dos años de gobierno, pero en enero pasado lo suspendió por sólo 45 días y después por otros 30 días, que vencen el próximo 17 de abril.

Ese día, el abogado Gutiérrez dijo que espera del gobierno un anuncio oficial "positivo" de la ampliación de las demandas a los "socios extranjeros".

Una comisión del Departamento de Justicia tiene "certificados" 5,913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como por ejemplo Texaco, Coca Cola, Palmolive, que pueden acogerse al Titulo III si se activa, por un total de 1,900 millones de dólares.

Ese grupo se suma, según el abogado Gutiérrez, que ha investigado el tema por treinta años, a unas 200,000 a 300,000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses, que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas como Barcardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana, cultivos azucareros, aseguradoras, entre muchos otros.

Para la Asamblea de la Resistencia se trata de "propiedades robadas por el régimen a sus legítimos dueños", cuyos recursos son utilizados para incrementar la represión al pueblo cubano y extender la "ocupación" que ejerce en Venezuela.

Esta coalición y la Brigada 2506 emitirán este lunes un mensaje público al presidente Trump, en el que piden implementar el Título III y utilizar con mayor frecuencia el Título IV de la misma ley, que "le niega visados a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".

Entre tanto, el abogado Gutiérrez aclaró que estos procesos tienen restricciones, como por ejemplo que el carácter de la propiedad debe ser "comercial" y que supere un valor de 50.000 dólares, porque no se trata de "desalojar a cubanos de a pie".

"No va a botar a gente de sus casas", aclaró, al señalar que los cubanos en la isla están siendo atemorizados al respecto.

Reconoció por otro lado que la activación del Titulo III creará problemas con terceros países, y que la "relación comercial Estados Unidos-Europa es mucho más importante" y no debe ser afectada "por compañías inescrúpulosas españolas que puedan estar en Cuba", pero señaló que esto a Trump poco le importa.

"Para él es casi mejor que no le va a gustar a los europeos", subrayó.

Por su parte, López dijo que aunque estas medidas, de hacerse efectivas, ayudan porque "limitan la capacidad del Gobierno cubano", para la Fundación Nacional Cubano Americana el "dilema está dentro de Cuba, entre el pueblo cubano", y en ese sentido dijo que se debe "incrementar la capacidad de la oposición" como también lo prevé la Ley Helms Burton.

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La Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami pidió a la administración de Donald Trump que el próximo 17 de abril decida implementar completamente los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, que autoriza a demandar a compañías extranjeras que operan en propiedades confiscadas en la isla.

El pedido a Trump de organizaciones del exilio cubano, venezolano y nicaragüense se hizo desde el monumento a los mártires de la brigada 2506 en la famosa calle 8 de Miami, porque el próximo 17 de abril, fecha del aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, se vence el plazo de 30 días que se dio la administración para decidir si implementa completamente o no los capítulos 3 y 4 de la conocida como Ley Libertad.

Las organizaciones del exilio de Miami firmaron una misiva y una pancarta que será enviada al presidente norteamericano con este pedido, que ocurre en momentos en que Washington sumó otras cinco empresas cubanas a la lista de 200 compañías del régimen a las que se pueden demandar en cortes federales por operar en propiedades confiscadas en Cuba.

El Departamento de Estado anunció que sumó cinco empresas cubanas más a la lista de las que se puede demandar en Estados Unidos porque consideró el reciente referendo en Cuba un proceso antidemocrático y en respuesta al apoyo de la isla a la dictadura de Nicolás Maduro.

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