Por GISELA SALOMON y MICHAEL WEISSENSTEIN, AP
MIAMI (AP) — En 1958 el padre de José Ramón López era el propietario del principal aeropuerto de Cuba, la aerolínea nacional y tres pequeños hoteles. La familia de Conchita Beltrán tenía unas 874 hectáreas de campos de tabaco. Y los familiares de Mickael Benh y Javier García Bengochea tenían muelles en La Habana y Santiago de Cuba.
Todas esas propiedades fueron expropiadas tras la revolución socialista.
Las familias se mudaron a Estados Unidos y perdieron la esperanza de ser compensadas por las propiedades que les quitaron mientras Washington y La Habana cortaron relaciones y se enfrentaron durante décadas de Guerra Fría.
Sin embargo, el jueves, Behn y García Bengochea presentaron lo que se cree son las primeras demandas contra empresas europeas y estadounidenses que hacen negocios en propiedades que fueron confiscadas en Cuba, después de que el gobierno del presidente Donald Trump activara una disposición del embargo a Cuba.
Conocida como Título III de la ley Helms Burton de 1996, esta sección permite que estadounidenses y cubanos que se naturalizaron estadounidenses denuncien a cualquier empresa que “trafique” en propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Desde su aprobación, todos los presidentes estadounidenses habían suspendido el Título III por objeciones de los aliados de Washington con negocios en Cuba y sus posibles efectos en futuras negociaciones de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.
La ley contiene excepciones para propiedades residenciales, propiedades valoradas en menos de 50,000 dólares y propiedades relacionadas con viajes a Cuba considerados legales bajo la normativa estadounidense. Su activación, sin embargo, podría generar decenas e incluso cientos de demandas además de batallas comerciales entre Washington y países como España, Francia y Gran Bretaña.
Behn y García Bengochea, que presentaron sus demandas en una corte federal de Miami, son los herederos de familias propietarias de puertos a donde ahora llegan cruceros que comenzaron a viajar a Cuba en 2016, bajo la flexibilización de la política hacia Cuba alentada por el entonces presidente Barack Obama.
El abuelo de Behn, el estadounidense William C. Behn, era presidente de la compañía Havana Docks, que tenía tres muelles en la capital que fueron confiscados en 1960. Mickael Behn, un ejecutivo de la industria televisiva que vive entre Londres y Miami, dijo que está demandando a la corporación Carnival Cruise por un valor equivalente al triple de lo que sería el valor actual de la propiedad, tal como lo permite la ley.
García Bengochea, un neurocirujano que vive en el noreste de la Florida, tiene el 80% de las acciones de la empresa cubana confiscada La Marítima, que operaba el puerto de Santiago de Cuba. Su demanda es por unos 20 millones de dólares.
“Queremos justicia”, dijo a la AP Bob Martínez, uno de los dos abogados que representa a Behn y García Bengochea. “Fue un robo y lo que estamos tratando de recuperar es que se les pague porque han usado las propiedades de manera ilegal”, expresó.
No obstante, para George Fowler, un abogado que ha asesorado a Carnival en asuntos de Cuba, la ley ofrece excepciones para empresas que viajan legalmente a la isla, como las compañías de cruceros. Por esa razón, explicó, la ley Helms-Burton no se aplica a ellos.
“No creo que las demandas vayan a llegar lejos”, expresó Fowler, que también es vicepresidente de la Fundación Cubano-Americana, una organización del exilio cubano. “Solo se trata de dinero”, dijo tras explicar que Carnival acuerda con su posición.
Durante el gobierno de Obama, las compañías de cruceros recibieron licencias del Departamento del Tesoro para poder llevar pasajeros estadounidenses a Cuba.
Otras empresas que podrían ser demandadas incluyen también a cadenas hoteleras españolas como Meliá e Iberostar, la firma francesa Pernod Ricard y líneas de crucero estadounidenses que atracan en puertos confiscados a ciudadanos estadounidenses.
Abogados y posibles demandantes señalaron que al principio sólo se verían un puñado de denuncias debido al alto costo y a las complejidades de un proceso judicial basado en una ley que acaba de entrar en vigencia y abarca asuntos de comercio internacional y soberanía.
Uno de los primeros obstáculos que enfrentan algunos de los interesados es el precio de interponer una demanda en los tribunales: más de 6,500 dólares, una cifra muy superior al promedio de 400 de otras acciones judiciales. Además, tienen que pagar abogados, identificar a las empresas que están lucrando con las propiedades y estar seguros de que tengan negocios en Estados Unidos y conseguir el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran los dueños, entre otras cosas.
La activación del Título III ya provocó protestas de la Unión Europea, Canadá y Cuba y generó temores de que los ya deprimidos niveles de inversión extranjera puedan verse mutilados de manera permanente.
En una marcha organizada por el gobierno cubano el miércoles en La Habana, en el Día del Trabajo, los manifestantes llevaban carteles y gritaban cánticos denunciando la ley Helms Burton.
La ley “constituía un esfuerzo para atar las manos de cualquier presidente que intentara mejorar las relaciones con Cuba”, dijo Carlos Fernández de Cossío, director general cubano de asuntos estadounidenses.
“Sin duda habrá un efecto de amenaza que inhibirá a algunos de los inversionistas de ir a Cuba. No podemos ignorar que eso sucederá”, dijo a The Associated Press en Washington. “Tal vez afectará los niveles de vida, las condiciones de vida, del común de los cubanos... Tal vez dañará la relación de Estados Unidos con Cuba más de lo que está hoy”.
La Unión Europea dijo que podría presentar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio o sancionar a las entidades estadounidenses que recurran a la ley Helms-Burton.
“La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es una violación del derecho internacional y tomará las medidas apropiadas”, dijo el bloque europeo en un comunicado.
Otros, sin embargo, celebraron las primeras demandas.
Orlando Gutiérrez Boronat, de la organización Directorio Democrático Cubano, dijo que las demandas tenían un claro mensaje.
“Todo el que quiere invertir en Cuba va a tener que ir a una Corte Federal”, expresó al término de una rueda de prensa frente al tribunal donde se presentaron las demandas.
Beltrán dijo que su familia tenía unas 348 hectáreas (860 acres) de campos de caña de azúcar y 526 (1,300 acres) de tabaco en la provincia de Pinar del Río, en el oeste del país.
Aunque aún no puede demandar porque no ha podido determinar qué compañías extranjeras operan allí, está esperanzada.
“Si Dios quiere pienso ver la restitución o compensación antes de morirme”, expresó Beltrán, una contadora jubilada de 76 años que huyó a Miami en 1961. Su esposo murió hace 35 años soñando con algún tipo de compensación, explicó.
“Para mí es un acto de justicia que se está haciendo”, dijo refiriéndose a la nueva política estadounidense.
El departamento de Justicia de Estados Unidos ha certificado unos 6,000 reclamos como meritorios, con un valor calculado en unos 8,000 millones de dólares, pero además hay otras 200,000 peticiones sin certificar que ascenderían a decenas de miles de millones más, la mayoría de ellas de cubanos-estadounidenses.
Una de esas reclamaciones sin certificar es la de José Ramón López, cuya familia era propietaria del aeropuerto de La Habana, de la aerolínea Cubana de Aviación y de tres hoteles en la capital y en la ciudad de Cienfuegos, al sur de la isla, desde 1952. Además de demandar a las aerolíneas Aeroméxico, LATAM de Chile y Copa de Panamá, López dijo que está preparando documentos para hacer lo mismo con el gobierno cubano y Meliá, que opera el hotel en Cienfuegos.
“Al final del camino le van a reconocer lo que es de uno”, expresó López, un jubilado de 65 años que divide sus días entre Madrid y Miami. “Ahora ha llegado el momento”, dijo refiriéndose a la posibilidad de demandar en las próximas semanas.
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